La demanda es fruto de la
indignación que generó la publicación, este verano, del “Estudio sobre la Regulación de las Viviendas de Uso
Turístico (VUT) en España" de la Comisión Nacional para los Mercados y la
Competencia (CNMC), así como su decisión de recurrir las Ordenanzas Reguladoras
de las VUT de Madrid, Bilbo y Donostia.
El organismo público niega la
relación entre la subida de los precios del alquiler y la expansión de las viviendas
de uso turístico en algunos barrios, haciendo suyo el argumentario de
plataformas como Airbnb.
Representantes de más de 300
asociaciones vecinales de nueve comunidades autónomas registraron en el
Congreso de los Diputados una petición para que comparezca el presidente de la
Comisión Nacional para los Mercados y la Competencia (CNMC) y explique cómo se
gestó el polémico "Estudio sobre la
Regulación de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) en España". Buena parte
de esas entidades, entre las que se encuentran las federaciones de asociaciones
vecinales de Madrid, Barcelona y Ávila, la Federación de AAVV de Centros
Históricos de Andalucía, la Coordinadora de AAVV de Madrid Centro, y las AAVV del
Casco Viejo de Bilbo y de la Parte Vieja de Donostia, proceden de barrios que a
diario sufren las consecuencias de la turistificación y de la expansión
descontrolada de ese tipo de alojamientos. Por eso, la publicación, este
verano, del estudio del organismo que preside José María Marín Quemada sentó a
estas entidades como una auténtica puñalada, ya que reproduce buena parte del
argumentario de plataformas como AirBnB, negando, entre otras cosas, que exista
una relación entre el aumento de los precios de los alquileres y la
proliferación de los alojamientos turísticos.
“Consideramos
que las llamativas coincidencias entre los postulados de la CNMC y la posición
de AirBnB reclaman una investigación que aclare cómo ha sido el proceso de
elaboración de este informe y si ha habido reuniones, llamadas telefónicas,
visitas, etc., de qué se habló en todas estas reuniones, y quiénes asistieron”,
puede leerse en la petición consignada ayer, que ha sido dirigida al presidente
de la Comisión de Economía y Competitividad, el espacio en el que Marín debería
rendir cuentas ante la ciudadanía.
Las asociaciones vecinales que
firman la petición de comparecencia (cuyo documento adjuntamos) consideran “la intromisión de la CNMC injustificable
y fuera de lugar al anunciar los recursos contra las normas de ayuntamientos y
comunidades autónomas que están empezando a regular las VUT y critican “la
vergonzosa defensa pública de este organismo, con los mismos argumentos de las
empresas, como AirBnB, que tienen intereses”.
En su escrito, en el que
solicitan el apoyo de los diputados y diputadas de la Comisión de Economía y
Competitividad, las entidades vecinales recogen algunas de las razones por las
que piden la interdicción de las viviendas turísticas: “las VUT no son queridas
por la mayoría de las comunidades de propietarios. Con una población flotante
que cambia día a día es imposible establecer relaciones de vecindad, los usos y
costumbres de los residentes temporales no coinciden con los del vecindario
habitual, además de los problemas de seguridad y de la actividad molesta que conlleva la presencia constante de
personas ajenas a la comunidad, que disponen temporalmente de una llave de
acceso a las zonas comunes. Cada vez son más las personas que se resisten a ver
su portal lleno de maletas, convertido en algo parecido a una recepción de un
hotel, a compartir las zonas comunes con personas desconocidas, a convertirse
en extraños para aquellos con quienes se cruzan diariamente”. Pero, sobre todo,
“la pérdida de valor residencial y el vaciamiento de nuestros centros
históricos es un proceso que directamente mata la ciudad, forzando a los
residentes a un éxodo involuntario: a los inquilinos, porque no pueden afrontar
las subidas de los alquileres y a los propietarios por la pérdida progresiva de
calidad de vida derivada de la ‘hotelización’ del edificio en el que viven”,
apostillan.
Sin embargo, “todos estos
problemas parecen no existir para la CNMC. Los minimiza o da para ellos
unas soluciones imposibles o directamente absurdas, a pesar de las evidentes
"externalidades negativas", como se llama en la jerga neoliberal a
aquellos daños que la libertad de unos pocos causa al resto, a la mayoría. Y
que, como tal, requieren de una mínima reflexión. Nos preocupa muchísimo que la
CNMC, un organismo pagado con dinero público, proceda con tanta falta de rigor
y se emplee abiertamente en hacer lobby a determinadas empresas que obtienen un
beneficio directo del incumplimiento del marco legal por parte de muchos de sus
denominados "anfitriones". Una empresa que obtiene lucro de la
‘ilegalidad’ nunca debería ser considerada un interlocutor válido”, remachan
las asociaciones vecinales en el documento registrado.
