2018/10/11

Orixe Ikastola hobekuntzaren alde, bozkatu! 2019ko Aurrekontuak


Donostiako Udalak hiria eta gure auzoak hobetzen dituzten proposamenak jasotzeko, eta 2019ko aurrekontu proiektura eramateko, urte honetako ekaineko lehen hamabostaldian abiarazi zuen prozesua burutu da.

Gure elkartearen lau proposamenetako, soilik bat pasa da bozketara, 0056, Orixe Ikastola inguratzen duten kaleak oinezkoentzat egiteko. Gainera, beste bat, auzotarrakek egindakoa ere, 0051, Kaiko eta Mari kaleko moto aparkalekuak kalea ezabatzeko, baita ere pasa da.

Parte Zaharrean Bizi partetik animatzen dugu bozketan parte har dezazula, 8a eta urriaren 21a bitartean egin ahal izango dena (lotura proposamenekin, beherago daude) eta proposatzen dizuegu, aukera daitezkeen bostetako, Parte Zaharrarekiko erlazioa duten biak sar ditzazula.

Auzotar gehiagori animatu!



Participa y vota para mejorar la calidad de vida del alumnado de la Ikastola Orixe. Presupuestos de 2019
El proceso que el Ayuntamiento de Donostia puso en marcha en la primera quincena de junio de este año para recoger propuestas que mejoren la ciudad y nuestros barrios, y llevarlas al proyecto de presupuesto de 2019, ha finalizado.

De las cuatro propuestas de nuestra asociación solo una, la 0056, para peatonalizar las calles que rodean la Ikastola Orixe, ha pasado a la votación. Además, hay otra, la 0051, realizada por vecinas y vecinos, para eliminar los aparcamientos de motos del Muelle y la calle Mari, que también lo ha hecho.

Desde Parte Zaharrean Bizi os animamos a que participéis en la votación, que se podrá realizar entre el 8 y el 21 de octubre (enlaces a las propuestas, más abajo) y os proponemos que, de las cinco que se pueden elegir, incluyáis las dos que tienen relación con la Parte Vieja.

¡Anima a más vecinas y vecinos!


2018/10/01

INICIATIVA DE AAVV DE CIUDADES DEL ESTADO ESPAÑOL CON CASCO HISTÓRICO


El pasado 26 de septiembre, en representación de ​​más de 300 entidades de 9 Comunidades Autónomas, entre las que destacamos más de 100 AAVV de Centros Históricos, se expuso en la Secretaría de Estado para el Turismo, ante la Comisión Comercio y Turismo, el punto de vista que se tiene sobre las Viviendas de Usos Turísticos (VUT) y de la problemática​ ​ que está generando en nuestros domicilios y barrios. 

En la Comisión están representados el gobierno central con representantes de la Secretaría de Estado de Turismo, ​la​ Federación Española de Municipios y Provincias y representantes de todas las Comunidades Autónomas. 

Se defendieron básicamente cuatro propuestas:

– La prohibición de las VUT en edificios residenciales o, en su defecto, que queden limitadas a la planta baja o inferiores, con un acceso independiente y sin comunicación con el resto de las viviendas. Esto debería estar incluido en una Ley por el Derecho a la Vivienda.
– La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal de manera que no sea necesaria la unanimidad de los votos de los vecinos y vecinas de una comunidad para rechazar la apertura de una VUT.
– El refuerzo de los servicios de inspección y control de la Administración y una mayor cobertura legal de estos. Con sus propias Normas Urbanísticas, muchos ayuntamientos tienen capacidad para sancionar y cerrar las VUT ilegales, pero la mayoría han optado por mirar hacia otro lado en todos estos años de desarrollo del fenómeno.
– Sancionar a aquellas plataformas que publicitan VUT ilegales.
 

Resumen de la intervención:


A todas las Comunidades Autónomas y al Estado les quedó claro el malestar de las AAVV que han impulsado esta iniciativa.

2018/09/18

Enmienda a la totalidad a la ordenanza reguladora de las ocupaciones de dominio y uso público


El pasado 11 de septiembre finalizó el plazo de presentación de enmiendas a la ordenanza reguladora de las ocupaciones de dominio y uso público.

Hace tiempo que nuestra asociación manifestó su preocupación ante el uso excesivo y masivo del espacio público común en suelo y fachadas para la exposición de productos vinculados a la actividad comercial en la ciudad y, sobre todo, en Parte Vieja. Incluso en el Plan Director de Turismo de Donostia 2017-2021 se señala como una amenaza para la calidad del paisaje urbano que afecta especialmente a la Parte Vieja pero que tiende a expandirse a otras partes de la ciudad:

“En esta zona comienza a extenderse un paisaje comercial turístico que prolonga su superficie de venta hacia la calle e invade con expositores y parafernalia turística el espacio público. Carteles, expositores, veladores, marcas globales se convierten en factor de deterioro y banalización paisajística, a pie de calle, pero también en plantas superiores. Algunos de estos elementos fundamentalmente relacionados con la publicidad se convierten en vector de contaminación visual”

Y, sin embargo, la ordenanza no imposibilita esa amenaza (que no olvidemos, se está realizando sin ninguna autorización); al contrario, la va a autorizar.  Por ello, Parte Zaharrean Bizi ha registrado una enmienda para que “se prohíba la extensión de la actividad de los establecimientos y locales comerciales al dominio público municipal, mediante la instalación de expositores de productos, carteles indicadores, elementos de decoración u ornato, tanto a nivel de suelo como adosado a las fachadas”. Y plantea otras 22 enmiendas más a distintos artículos de la Ordenanza[1]

La nueva propuesta del gobierno municipal hace una mezcolanza de usos diferentes que se pretenden regular bajo esta misma ordenanza. Sitúa en el mismo nivel actividades que buscan obtener un beneficio económico con las de asociaciones y grupos sin ánimo de lucro; actividades con ánimo de lucro que necesariamente deben realizarse en el espacio público (mercadillo, churrerías, puestos de la ONCE, …), con aquéllas para las que el uso del espacio público no es un soporte fundamental; una actividad económica de la que se vive con otra de la que se subsiste (manteros o pequeños artesanos ambulantes). De la misma forma que tampoco es lo mismo una ocupación puntual que otra que puede adquirir hasta 4 años.

Esta mezcla no se hace por casualidad y sus efectos pueden ser perversos. Para cualquier actividad que se haga en la calle (las únicas excepciones que se señalan son las que se señalan en el artículo 29-5 y las ocupaciones que están reguladas por otras ordenanzas, artículo 3-2) se deberá haber solicitado una autorización municipal con un mínimo de 10 días de antelación (artículo 30-a). Algo tan natural y previsible para una Asociación de Vecinos como colocar una mesa para informar o recoger firmas deberá contar con una autorización porque si no podrá ser sancionada por infracción grave (artículo 56-3-b). Una cosa tan sencilla como el reparto de hojas necesitaría de autorización municipal (artículo 56-2-e). Las actividades simples de asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro y con escasa afección al dominio público no debieran estar reguladas por esta ordenanza, y debieran añadirse a las excepciones explícitamente señaladas en el artículo 29-5.

También alegamos que debe cumplirse la normativa en materia de accesibilidad y la referida a las condiciones de intervención de los servicios de emergencia, tendiendo a la consecución de un dominio público municipal libre de barreras. (artículo 9.4).

Para las calles peatonales, la ordenanza no recoge las exigencias de anchuras exigidas para la intervención de los servicios de emergencia que aparecen en el CTE DB SI 5 (una anchura mínima libre de 3,5m y para girar una anchura libre para circulación de 7,20 m) y en el informe de Bomberos de Donostia (como regla general un paso libre mínimo de 4 m que se podrá reducir a 3,5m previa justificación). En dichas calles, las exigencias de paso libre deben ser mayores. Y es que el Ayuntamiento está obligado a cumplir la normativa de ámbito superior.

Los períodos de ocupación autorizables, tanto las ocupaciones mediante autorización (artículo 29-1) como las ocupaciones mediante concesión (artículo 38), nos parecen excesivos. Las actividades ocasionales no deben superar los períodos de las festividades en las que se desarrollan. Ni las de carácter permanente más de 1 año.

Para finalizar, merece la pena mencionar La “Disposición final segunda. Entrada en vigor: La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y transcurrido el plazo de quince días hábiles previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. No obstante, la Sección Primera del Capítulo 3 del Título II, relativo a los “Expositores de productos e instalaciones análogas”, lo hará al año de la citada publicación.”

Es sorprendente la arbitrariedad y el deseo de favorecer a los comercios que sacan expositores actualmente, sin autorización, como sabemos. Conceder ¡un año! hasta que entre en vigor el apartado de expositores cuando el resto de la ordenanza se aplicará en 15 días no es comprensible. Al igual que han hecho con los apartamentos turísticos, se concede un año para que cada establecimiento haga lo que le dé la gana. ¡Demencial!



[1] En el supuesto de que esa enmienda fuera rechazada, la totalidad de enmiendas sumarían 39     

2018/09/11

Santutxun Karmela Auzo Etxea sortu dute, auzolanean, ikastola izandako eraikinean. Udalaren oniritziaz. Proiektua aurkezteko hitzaldia bihar Gaztetxean.

Hitzaldi interesgarria antolatu dute biharko (asteazkena, 18:00etan) Gaztetxee eraikitzeko (Kaialden) lanean diharduten gazteak .
Karmelo ikastolaren eraikin zaharra Auzo Etxe da, auzolanean eraikia. Gazte Asanbladaren ekimenez.
Auzoko pertsona/eragile guztiei luzatu digute hitzaldira hurbiltzeko gonbita.


Karmela proiektua azaltzeko bideoa:


2018/09/05

Parte Zaharrak auzo-bizitzarako guneak (ekipamenduak, tokiak...) behar ditu:


Parte Zaharrak auzo-bizitzarako guneak (ekipamenduak, tokiak...) behar ditu:

Parte Zaharrean Bizi auzo elkartearen adierazpena


Joan zen larunbatean auzoko gazteak Kaialde eraikin hutsean (Orixe ikastola egon zen tokian) sartu ziren eta Parte Zaharreko Gaztetxea eratzeari ekin zioten.

Gertaera horrek agerian jartzen du, berriz ere, auzoan dugun gune, espazio eta ekipamenduen gabezia auzotarron auzo-bizitza eta ekimenak garatzeko.Parte Zaharrean ez dugu  auzotarrak elkartzeko eta jarduerak garatzeko ekipamendu publikorik: ez gazteentzako, ez  gaztetxoentzako, ez haurrentzako, ez helduentzako... Bilgune bat bera ere ez.

Auzo Elkartea sortu zenetik  behin eta berriz  eskatu dio udalari gabezi hori konpontzeko neurriak har ditzan (aurretik beste zenbait eragilek ere bide beren aritu ziten), zenbait saiakera izan badira ere egun ez dugu inolako bilgunerik

Eta bitartean auzoan dauden eraikin publiko asko hutsik egon dira (Kaialde eraikina bera, Santa Teresa eraikina...) edo esku pribatuetara pasa edo pasako dira (La Salako plazako eraikina, Arrandegia eraikinaren zati handi bat...).

Kaialdeko eraikinean bertan duela lau urte Auzo Etxea eraikitzeko proiektua abian jarri zen: Udal Gobernuak ekimena hartu zuen, Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailak (garai hartan eraikina erabiltzeko lagapena zuena) eraikina udalari itzultzeko prest zegoen, auzo elkarteak auzotarron parte hartze prozesua abian jarri zuen egitasmoa definitzen joateko... Baina, dena bertan behera gelditu zen, udal batzan oposizioko taldeek (EAJ, PSE eta PP) kontra egin baitzuten. Arrazoia: Lanbide Heziketako ikastetxe bat egiteko erabiliko zela. Egitasmo horretaz, ordea, ez da berriz ere ezer entzun, eta beste lau urte luzez jarraitu eraikinak hutsik. Eta auzotarron beharrak ase gabe.

Gauzak horrela, orain, Udal Gobernuari proposatzen diogu lan-mahai bat osatu dezan ahalik eta azkarren, non auzoko eragile eta udal teknikari eta arduradunak elkartuko garen auzotarron ekipamendu beharrei irtenbideak behingoz bilatzeko.

Eta bitartean, Gaztetxea eraikitzeko proiektuan diharduten gazteengana hurbildu, haiekin elkartu eta hizketan has dadin.

Donostia, 2018-09-05
Parte Zaharrean Bizi auzo elkartea


2018/08/10

PENOSA INTROMISIÓN DE LA CNMC EN LA REGULACIÓN SOBRE LOS PISOS TURÍSTICOS


      ¿Por qué la CNMC no presenta sus alegaciones a dicha Ordenanza, si tanto interés tiene en la cuestión?  

      La CNMC dice promover y defender el buen funcionamiento de todos los mercados en interés de los consumidores y de las empresas, pero debe hacerlo con absoluto respeto también a la legalidad de todas las instituciones públicas, no al margen de ellas.

      La CNMC demuestra un absoluto desconocimiento y nulo respeto por otro tipo de legalidades que no sean la libre competencia. Desconoce otros derechos más importantes que el del libre mercado como son: el derecho a la intimidad personal y familiar, o el derecho de la ciudadanía a un medio ambiente urbano que garantice su salud y el descanso, así como el derecho a una vivienda digna (derecho protegido constitucionalmente), especialmente cuando es conocido el efecto que la falta regulación de este sector tiene en el encarecimiento del alquiler y la compraventa de vivienda.


Parte Zaharrean Bizi Auzo Elkartea quiere expresar públicamente su indignación ante el anuncio realizado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de recurrir en los tribunales la modificación de la Ordenanza municipal reguladora del uso de vivienda turística y de alquiler de habitaciones en vivienda habitual para uso turístico aprobadas el 1 de marzo de 2018 por el Pleno del Ayuntamiento de Donostia. 

En primer lugar, queremos recordar a la CNMC que el Ayuntamiento de Donostia tiene pendiente de aprobación un Plan Especial y una Modificación parcial del PGOU de la ciudad para la Parte Vieja, a la espera de ser publicado para someterse a ‘consulta pública’. 

Si tanto interés tiene este organismo en la cuestión, ¿por qué la CNMC no registra sus alegaciones a dicha Ordenanza como hacemos el resto de la ciudadanía – como así lo hizo Parte Zaharrean Bizi en clara discrepancia con la Ordenanza de Donostia- en vez de anunciar directamente una demanda? Parece más una velada amenaza a que se regule la cuestión de los Pisos Turísticos por parte de los Ayuntamientos, que al diligente ejercicio del control de la competencia para el correcto funcionamiento de los mercados. 

Entendemos que la acción judicial de la CNMC se paga con dinero de toda la ciudadanía, cuestión no menor para que los responsables de esta institución se lo piensen antes de insistir en sus erróneas decisiones. Ahí está el fracaso estrepitoso de la CNMC ante el Supremo en su intento de liberalizar el sector del taxi. ¿Alguien en este organismo asume responsabilidades por sus decisiones erróneas que nos cuestan dinero a las contribuyentes? 

Segundo, y más importante, la CNMC demuestra un absoluto desconocimiento y nulo respeto por otro tipo de legalidades que no sean la libre competencia. Desconoce por ejemplo la legalidad urbanística, fundamental en la cuestión que aborda. Y peor aún, desconoce otros derechos más importantes que el del libre mercado como son: el derecho a la intimidad personal y familiar, o el derecho de la ciudadanía a un medio ambiente urbano que garantice su salud y el descanso, así como el derecho a una vivienda digna (derecho protegido constitucionalmente), especialmente cuando es conocido el efecto que la falta regulación de este sector tiene en el encarecimiento del alquiler y la compraventa de vivienda. 

La CNMC desconoce muchas cosas y consideramos que está ejerciendo sus competencias de una manera equivocada, adentrándose en políticas que no tienen que ver con la libre competencia. La libertad de empresa no puede estar por encima de los derechos de los demás. Nos alarma comprobar que la CNMC, en lugar de ocuparse de lo que tiene que ocuparse realmente, como, por ejemplo, una bajada en el precio de la luz o el gas, pretenda imponer intereses de parte, en este caso, las de las empresas de la industria del turismo en sus diferentes vertientes.  

Ponemos en tela de juicio que este recurso esté dentro del ámbito de actuación de la CNMC y de sus funciones, pues en su página web no encontramos nada al respecto: https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacionhttps://www.cnmc.es/sobre-la-cnmc/que-es-la-cnmc#funciones 

Creemos que ni la sociedad vasca, ni sus instituciones comulgan los planteamientos ultra liberales de la CNMC.

2018/08/06

Defensores del Pueblo contra el ruido: En defensa del derecho de la ciudadanía a un domicilio libre de ruido

Aunque la noticia es de septiembre de 2016, dada su relevancia, consideramos que debe ser conocida y leída atentamente por el mayor número de personas.


La Defensora del Pueblo y los defensores del Pueblo autonómicos, reunidos en Iruña en las XXXI Jornadas de Coordinación han aprobado el siguiente decálogo:
En defensa del derecho de la ciudadanía a un domicilio libre de ruido
Las defensorías del pueblo, conscientes de la incidencia negativa que en la calidad de vida de la ciudadanía tiene la contaminación acústica, desean postular una serie de medidas destinadas a garantizar de manera real y efectiva los derechos constitucionales que pueden ser vulnerados por su impacto.
Entre tales derechos, y de acuerdo con una consolidada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, destacan los derechos fundamentales a la integridad física y psíquica, la intimidad personal y familiar y la inviolabilidad del domicilio, así como los derechos de todos a un medio ambiente adecuado y a la protección de la salud. Estos derechos se agrupan en lo que se ha dado en llamar el derecho de las personas al descanso y al silencio en su domicilio.
Sin perjuicio de recordar que el respeto al disfrute de estos derechos es una obligación no solo de los poderes públicos, sino también de la sociedad civil, consideramos que:
  1. Los poderes públicos (y, en particular, las administraciones competentes) deben promover cambios en las prácticas sociales que originan la contaminación acústica e impulsar la concienciación de la sociedad sobre sus perniciosas consecuencias para la ciudadanía, mediante la educación escolar y campañas formativas e informativas dirigidas a sensibilizar a la población. El ruido debe ser tratado como un problema de entidad que afecta seriamente a la calidad de vida de las personas.
  2. La garantía del derecho a un medio ambiente adecuado en los espacios rural y urbano y, de manera singular, en las viviendas, exige que los poderes públicos sean conscientes y asuman su función pública de control ambiental de la contaminación acústica, cualquiera que sea el foco emisor que la origine, cuando se superan los límites establecidos por las normas.El ejercicio de esta función pública, como expresión de una buena administración al servicio de la ciudadanía, debe tener como objetivo irrenunciable garantizar el derecho a un domicilio libre de ruidos que permita a sus residentes disfrutar de su derecho al descanso.
  3. Con esta finalidad, las administraciones públicas deben ejercer, de forma eficaz y eficiente, las potestades que tienen asignadas en el ámbito de la ordenación del territorio, la planificación urbanística y el control y la disciplina ambiental, con el objeto de prevenir, evitar, y en su caso, suprimir la contaminación acústica que impida o limite el ejercicio de los derechos fundamentales.
  4. El ejercicio de la función pública relacionada con el control de la contaminación acústica hace necesario, además, que se elaboren planes de inspección dirigidos a verificar de oficio que los establecimientos e instalaciones que generan contaminación acústica dispongan de las correspondientes autorizaciones administrativas para su funcionamiento y que se respete el cumplimiento de las medidas correctoras impuestas.
  5. Las administraciones autonómicas, provinciales y locales deben promover un marco de coordinación y colaboración que garantice que todos los municipios puedan ejercer de una manera efectiva las potestades administrativas que tienen asignadas, garantizando la igualdad en la tutela y disfrute de los derechos fundamentales, con independencia del lugar en el que resida la ciudadanía.
  6. Asimismo, y con la finalidad de que los municipios puedan ejercer las competencias que tienen asignadas en este ámbito, ya sea por medios propios o por vía de colaboración con otras administraciones públicas, deben poder contar con los medios técnicos y personales necesarios que permitan crear en todo el territorio, urbano o rural, un servicio público de inspección y control de ruido.Se debería reconocer e impulsar el papel de la policía ambiental (en cualquiera de sus niveles: local, provincial o autonómico) como una institución clave en la detección rápida de este problema, en cuanto a las posibilidades de inspección “in situ”, en el foco de emisión de los ruidos, una correcta medición de los niveles de ruido en los domicilios y, en su caso, intervención cautelar.
  7. Las administraciones públicas no solo deben dar respuesta e impulso a las denuncias por exceso de ruido en los domicilios que planteen las personas afectadas, sino que deben, también, hacer un seguimiento de las medidas que se adoptan, facilitando medios para que la ciudadanía, de manera transparente, pueda ser informada de la adopción de tales medidas o para que, en su caso, pueda denunciar la inactividad de las autoridades y funcionarios ante sus reclamaciones. Asimismo, deben dar cumplimiento sin dilación a las sentencias de los tribunales de justicia, (sobre todo, del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos) que dan amparo a ciudadanos concretos en casos probados de vulneración de sus derechos.
  8. Sería aconsejable que las administraciones públicas promovieran mesas o foros de participación ciudadana para la gestión de conflictos sociales derivados del exceso de locales de ocio nocturno o por el funcionamiento de actividades que generen molestias de convivencia graves y continuadas.
  9. Aunque lo deseable en un Estado de derecho es que la tutela del derecho de los ciudadanos a un domicilio libre de inmisiones acústicas que no tienen el deber jurídico de soportar, se ejerza por los órganos que tienen encomendada la potestad para ejercer esa función pública, las defensorías valoran de manera positiva las actuaciones de jueces, tribunales de justicia y fiscales a la hora de garantizar los derechos vulnerados por la contaminación acústica, cuando estos no son debidamente protegidos por las autoridades y funcionarios responsables en sede administrativa.
  10. Las defensorías del pueblo remarcan su compromiso con la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía cuando estos sean vulnerados por causa de la contaminación acústica.Con esa finalidad, se comprometen a realizar cuantas acciones estén legalmente a su alcance para proteger de manera eficaz el derecho de la ciudadanía a residir en un domicilio libre de ruido, incluso poniendo en conocimiento de la Fiscalía aquellos casos en que observen vulneraciones de derechos de la ciudadanía con una posible relevancia penal.Asimismo, las defensorías del pueblo se comprometen a promover actuaciones de información, coordinación y divulgación de buenas prácticas en los ayuntamientos con objeto de fomentar la adopción de medidas de distinta naturaleza para prevenir o gestionar los conflictos ambientales, así como a ayudar a los ciudadanos damnificados en la orientación jurídica que resulte necesaria para que estos puedan ejercer acciones en defensa de sus derechos en los órdenes competentes.
Publicada en: 
El decálogo de las y los defensores del pueblo es muy claro: El ejercicio de esta función pública, como expresión de una buena administración al servicio de la ciudadanía, debe tener como objetivo irrenunciable garantizar el derecho a un domicilio libre de ruidos que permita a sus residentes disfrutar de su derecho al descanso.”
Sin embargo los vídeos que más abajo se enlazan, grabados recientemente en la Parte Vieja, son clarificadores. Facilitan observar la distancia que existe entre la propaganda y la realidad. Entre alguna campaña municipal, como (“Love San Sebastián-Live Donostia”) y la inacción para intervenir sobre la fuente de los problemas reales. “Autismo social”, pues obvia lo principal, la protección de nuestra salud y descanso, la protección de quienes vivimos en el barrio a la hora de tomar medidas correctoras prácticas.